Dar la Cara

Una buena manera de entender cómo se ha diluido la responsa­bi­lidad por la tragedia que hace dos semanas tiene a todo Chile mirando al norte es definir cómo actuamos frente a errores o negligencias.

De niños, cuan­do la pelota de una entusiasmada pichanga terminaba rompiendo la ventana del vecino, se producía siempre el mismo efecto: unos corrían a escon­der­se detrás del primer árbol que encontraban. Otros se quedaban paralizados, en silencio y esperando que alguien dijera “fue mi culpa”. Y estaban los terceros, esos que asumían estoicamente la responsabilidad del vidrio roto y ponían la cara ante el damnificado por un pelotazo que fue demasiado lejos.

Hasta el día de hoy, personajes de las dos primeras categorías abundan ante el derrumbe de la mina San José, pero del tercer espécimen, el conscien­te del error cometido, ninguno.
Como la condena social siempre ha sido más rápida que la otra -esa que dicta la justicia- no nos demoramos mucho en definir con nombre y apellido a los primeros culpables de la negligencia que provocó el desplome. Los dueños del yacimiento contrataron abogados porque saben que son los primeros en la lista. Las condiciones la­bo­rales y las deudas previsionales de sus trabajadores; un cúmulo de otros sumarios por deficiencias en la seguridad de la mina; accidentes previos a éste; clausuras temporales, y reaperturas cuestionadas los ponen en el banquillo del juicio público y no los sacará nadie hasta que las cortes hagan lo suyo.
Pero sería miope sino derechamente ciego quedarnos mirando sólo a los propietarios de un pique al que sobreexplotaron sin el menor cuidado. Es verdad que, por lo pronto, si hubiesen actualizado el mapa del yacimien­to, el trabajo de sondaje no estaría bus­cando una aguja en un pajar. Pero ellos son sólo parte de un problema mucho mayor.
Nadie más ha querido poner la cara y decir que las cosas se hicieron mal.
Hace un par de días, la ex directora del Trabajo, María Ester Feres, contó las dificultades que enfrentó al intentar cerrar la mina San José. “No tenía las salidas de escape, no tenía las seguridades y se reaccionó frente a presiones. Lamento decirlo, porque yo soy Concertación, era mi Gobierno, pero se actuó frente a presiones”, dijo. Con sus palabras se desprende lo obvio: la mina seguía funcionando porque alguien presionó a quién sabe quién para que no fuera clausurada. Esto a pesar de no tener siquiera salidas de escape. Aunque nos encantaría que lo hiciera, Feres no apunta a alguien en particular y menos, claro, asume su propia negligencia en el caso.
El destituido ex jefe del Sernageomin es otro en esta cadena de graves faltas que no reconoce culpas y en cambio las deriva en un subalterno. Alejandro Vio deslindó responsabilidades en el subdirector de Minas, Patricio Leiva, al apuntarlo como quien ordenó el reinicio de las faenas en 2007. Un emplea­do que ni siquiera tenía atribuciones. Pero a estas alturas parece que da igual. El jefe culpa al subordinado y el otro seguramente apuntará vaya a saber uno dónde.
Las actuales autoridades del trabajo tampoco salen incólumes. Pudieron haber suspendido temporalmente las labores en la mina después de recibir la denuncia de un accidente que le amputó la pierna a uno de los trabajadores. Pero no. Por menos se han pa­ra­lizado obras en el sector de la construcción. Aquí en cambio todo siguió funcionando con “normalidad”.
Nuestros parlamentarios hoy corren para buscar responsables políticos en sus comisiones investigadoras pero se hacen los desentendidos cuando se les recuerda que discutieron el cobro de mayores impuestos a la minería pero nunca pidieron destinar parte de esos recursos a mejorar la fiscalización y menos la seguridad del minero. Hoy hacen hasta poesías con el drama de la pobreza en la zona pero fueron muy poco enfáticos en exigir que el royalty que pagaban las explotadoras de minerales se reinvirtiera en esas regiones.
Este no fue un accidente. No se produjo por casualidad o mala fortuna. Pasó lo que pasó porque nadie hizo algo por evitarlo. Los propietarios del yacimiento tienen una responsabilidad evidente. Pero las autoridades están obligadas legal y moralmente a dar también la cara. Con castigos y reprimendas a los culpables podemos conseguir empresarios menos aventura­dos a desafiar la legalidad y funcionarios más dispuestos a exigir que las fiscalizaciones se cumplan. De lo contrario, no sólo nos arrepentiremos de vidrios ro­tos sin que nadie asuma sus culpas. El dolor ya es demasiado grande como para arriesgarnos a otra tragedia.
Columna escrita para diario Publimetro
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