Poco Choro

Fue por “voluntad” de las partes y no gracias a una estricta legislación que proteja el medio ambiente lo que salvó a Punta de Choros de un po­tencial desastre ecológico. El Presidente Sebastián Piñera dijo haber convencido personalmente a los representantes de la empresa Suez Energy de no emplazar en la comuna de La Higue­ra la anunciada central termoeléctrica de Barrancones. Pero ¿qué hubiese pa­sa­do si los dueños del proyecto se hu­biesen negado a la petición del Manda­tario? Dado que el proyecto cumplía con la normativa vigente, habría sido imposible impedirles que se instalaran.

La actual institucionalidad medioambiental dice que si la empresa cumple con las exigencias que mitiguen o minimicen las emisiones de gases invernadero, nadie podría impedir que lle­­garan con su carbón a la zona. Suez Energy parecía tener todos los papeles en regla, incluyendo los cambios en las estructuras para captar y devolver el agua que utilizaría en sus procesos.

Sus detractores planteaban que si la termoeléctrica se instalaba, zonas como Punta de Choros, Los Choros y una par­te de La Higuera verían amenazado su ecosistema -que incluye la reserva del Pingüino de Humboldt- y afectaría la pesca, marisquería y olivicultura. En el fondo nada muy distinto de lo que ocurrió en Huasco, Mejillones y Tocopilla.

El Presidente estaba cautivo de su promesa como candidato cuando dijo que se opondría a la instalación de esta y cualquier otra central que atentara gravemente contra la naturaleza, las comunidades y la calidad de la vida. Lo que no dijo en ese momento es que, para oponerse a ello, necesitaba modificar la legislación actual. Lo que hizo ayer fue pasar por el lado si es que no derechamente por encima de ella.

Lo de Barrancones fue un hecho político grave. Prácticamente nadie quería una termoeléctrica en Punta de Choros, pero llamar a sus dueños para “pedirles” que se cambien de ubicación pareció más una presión indebida que una simple solicitud. ¿De qué servirá de ahora en adelante el sistema de evaluación de impacto ambiental si basta una llamada telefónica del Presidente para suspender, modificar o redestinar un proyecto? ¿Qué ocurrirá con los proyectos de inversión en curso? ¿No temerán que a ellos les pase lo mismo?

Desde la perspectiva política, una llamada presidencial vale más que la Corema, la Intendencia regional, la Co­na­ma y las instancias que deben aprobar o desestimar un proyecto.

Piñera no sólo “convenció” a Suez Energy de buscar nuevos horizontes, sino que anunció que el Ministerio de Bienes Nacionales realizará un mapa con las zonas en las que se defina dónde se puede y no se puede instalar una planta de energía. ¿Y si la Central Castilla, en la tercera región, actualmente en proceso de tramitación tal cual estaba Barrancones, queda en una zona protegida?

El problema es más grave aún. Piñera solucionó por ahora el dónde, pero no el qué. Se salvó Punta de Choros pero no sabemos qué otra localidad tendrá que cargar con la contaminación de la planta. Porque si hay algo claro es que sí se va a construir.

Las termoeléctricas, a pesar de sus nuevas tecnologías, siguen siendo parte de la llamada energía sucia, cuyo costo es variable y con consecuencias directas para el hombre y su entorno. Emiten, a pesar de su tecnología, material particulado, óxido de nitrógeno, dióxido de azufre y miles de toneladas de cenizas al año. Eso sin considerar los desechos que son vertidos al mar y el aumento de su temperatura. Lo que juega a su favor es que el suministro es constante, a diferencia de las llamadas energías verdes, que son limpias pero irregulares porque el viento y el sol no son constantes.

Podemos sacar lecciones de esta negra historia. Es necesario planificar de antemano el uso territorial chileno, como lo han hecho tantos países. Definamos luego qué tipo de matriz energética nos conviene y qué centrales no queremos por ningún motivo. Planificar evitará incertidumbres. Lo de ayer fue un parche muy mal puesto. No era la forma. Un llamado del Presidente puede verse como útil, pero también podría considerarse como un by-pass a la institucionalidad, algo que de seguro al mandatario no le gustaría que le hicieran.

Columna escrita para diario Publimetro

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