La Familia de al Lado

El concepto de familia en Chile ha cambiado. La tradicional estructura de padre, madre e hijos ya no es exclusiva. Así como existen familias numerosas, también contamos con hogares más pequeños, parejas que no están casadas, familias monoparentales y en su mayoría con mujeres como jefas de hogar. Estas realidades han diversificado la tradicional concepción de la organización familiar.

Nuestro ordenamiento jurídico ha intentado asumir estos cambios con varias modificaciones legales que pretenden impedir una discriminación de estas nuevas formas de vida en familia. Sin embargo, no siempre se ha conseguido.

Aún cuando ha sido reformada en varias oportunidades, la base legislativa civil según la cual se rige la vida de los chilenos se funda en el Código Civil de Andrés Bello. Es decir, textos escritos en 1855 que fueron concebidos según la sociedad de entonces, donde los derechos de las mujeres eran prácticamente inexistentes. Una época en la cual la familia estaba constituida por una pareja heterosexual casada bajo las leyes de un Estado católico. Nadie imaginaba otras formas de organización familiar.

Es cierto que nuestra legislación ha evolucionado. Hoy se reconoce el rol de la mujer; se permite el divorcio; no se discrimina a los hijos nacidos fuera del matrimonio, y existen mejores regulaciones en materia de sucesión y herencias. Sin embargo, también es verdad que nuestra mirada patriarcal de la familia sigue estando muy presente.

Es en ese marco donde se inserta la decisión adoptada hace algunos años por la Corte Suprema en el caso de la tuición de las hijas de la jueza Karen Atala. El Máximo Tribunal le quitó a esta mujer, separada y lesbiana, la tutela de sus tres hijas y las entregó al cuidado de su padre en razón de posibles discriminaciones que podían sufrir por el sólo hecho de vivir con una madre homosexual y su pareja. Incluso los magistrados en su voto de mayoría estimaron que, al vivir conforme a su condición lésbica, Atala antepuso sus propios intereses, postergando los de sus hijas. Es más. La Corte estimó que vivir en un hogar carente de una “figura masculina” y con una pareja conformada por dos mujeres podría generar a las niñas confusión de los roles sexuales. En la práctica, para evitar una discriminación, lo que hizo fue discriminar.

La afectada decidió llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que estimó que sus derechos fueron vulnerados y que “no fue escuchada con las debidas garantías en el proceso de custodia de sus hijas, en particular, no contó con la garantía de imparcialidad y, en suma, le fue negado el acceso efectivo a la justicia”. La misma Comisión hizo varias recomendaciones formales al Estado de Chile para que este tipo de situaciones no volvieran a repetirse. Le solicitó una serie de cambios legislativos y políticas públicas entre las cuales figuraba formar una mesa de trabajo entre todos los poderes del Estado.

Nada de lo solicitado por esa instancia fue acogido. De hecho, la Corte Suprema se negó a participar de la mesa. Tampoco hubo intento alguno de corregir o reparar el daño causado a la afectada. Vista esa inactividad, la Comisión resolvió llevar al caso ante la Corte Interamericana con sede en San José de Costa Rica. En la práctica demandó al Estado de Chile por no hacer ningún esfuerzo por corregir estas falencias.

Un fallo como el que despojó a Karen Atala de su derecho a ejercer como madre confirma que en Chile, cuando una realidad no se ajusta al modelo de familia al que una sociedad conservadora nos tenía acostumbrado, la aceptación de parejas distintas a las llamadas tradicionales resulta algo poco posible. Cabe preguntarse entonces si sirve de algo que algunos parlamentarios quieran regular las uniones de hecho entre personas del mismo sexo si cuestiones más básicas como el derecho a la no discriminación no está garantizado. Ese proyecto de ley duerme en el Congreso hace años y nadie dice ni hace nada. Si nos demoramos más de 15 años en discutir y aprobar una ley de divorcio ¿cuántos otros tardaremos en reconocer los derechos de las parejas homosexuales? Incluso si aceptáramos que sus uniones tengan validez legal ¿eso garantizaría que no perderían el derecho a ejercer como padres sólo porque un puñado de personas considere que podrían recibir un “mal ejemplo”?.

La nuestra es una sociedad diversa. Mientras más rápido y mejor lo entendamos, más posibilidades tendremos de evitar discriminaciones por apellido, origen mapuche, creencia religiosa, condición social y orientación sexual. De paso nos evitaremos una bochornosa demanda internacional que nos dejó como el primer país en el mundo en ser acusado ante una Corte Internacional por discriminar sexualmente a una madre.

Columna escrita para diario Publimetro

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