Las Medias Tintas

Mejor decirlo sin rodeos. Los mapuches en huelga de hambre han estirado dema­siado el elástico. Al margen de las históricas reivindicaciones de los pueblos originarios, las que persistentemente han sido desoídas por las autoridades, lo que piden los comuneros en huelga escapa largamente de sus legítimas demandas de reconocimiento constitucional y respeto a sus derechos.

Es cierto que de un petitorio inicial de nueve puntos, con el paso de las semanas lo han reducido a tres: terminar con el doble pro­cesamiento en las justicias civil y militar, la eliminación de los testigos protegidos, y la no aplicación de la ley antiterrorista. Pero así como es cierto eso, es verdad también que al sumar esta semana una nueva exigencia llevaron el conflicto a un punto muerto.

Pidieron que en la mesa de negociaciones se sentaran los tres poderes, es decir, no sólo representantes del Gobierno y el Parlamento, sino de la Corte Suprema. Miembros de tribunales y del Ministerio Público se apuraron en aclarar que no pueden negociar nada porque excederían su ámbito de competencia y podrían ser acusados de actuar al margen de la Constitución. Pero como sabemos, en política todo es relativo. Y es aquí donde, a pesar de insistir en que los comuneros han exagerado la nota, las autoridades y en especial el Gobierno se han mostrado confusos en sus pasos.

Hace pocas semanas el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y después de un par de bombazos en Santiago, salió a criticar la lentitud de los procesos y dijo que “los jueces debieran terminar con esta sensación de que el país debe acostumbrarse a las bombas”. En menos de 48 horas el fiscal nacional, Sabas Chahuán, removió del “caso bombas” al fiscal de la zona oriente, Xavier Armendáriz, y lo reemplazó por el de la zona sur, Alejandro Peña. ¿Coincidencia? Lo dudo. Si frente a la huelga mapuche existiera real voluntad de las autoridades, no sería necesario que nadie violara la constitución.

A discrecionalidad de las fiscalías y por “sugerencia” del Poder Ejecutivo, la manera en que se han llevado adelante los procesamientos de los comuneros bien podría ser modificada y darle aire a esta protesta. Aquí el tema de fondo es si Piñera quiere un proceso distinto para los sospechosos de incendiar predios y generar terror en el sur. Eso tampoco está claro.

El Gobierno envió proyectos de ley para restringir la jurisdicción militar y  modificar la ley antiterrorista pero sin ceder en lo sustantivo. Sin embargo, días después ofreció retirar las querellas. ¿Si está dispuesto a dar un paso atrás en materia antiterrorista con estos comuneros, por qué se niega a modificar el problema original, es decir, la propia ley antiterrorista? Contradictorio.

Otra más. Hace un par de meses, el Presidente Piñera le dio un portazo a la propuesta de indulto bicentenario sugerida por la Iglesia Católica y sin ir más lejos el ministro Hinzpeter dijo que los representantes de Dios debían circunscribirse a las materias propias de su magisterio. Ahora le piden su ayuda como mediadora de un conflicto jurídico-político. ¿Por qué no fue atendida la compasión eclesiástica por cierto tipo de condenados y en cambio sí es propio de la Iglesia su preocupación por los comuneros detenidos? Otra confusa postura de La Moneda.

La incapacidad oficial para desactivar el conflicto generado por huelguistas intransigentes contrasta con su publicitada eficiencia en otras situaciones donde la premura obligó a correr a varias autoridades. El de la mina San José parece un buen ejemplo, citado incluso por el propio Presidente Piñera ante la ONU. Dijo frente a todo el mundo que “representa una paradoja que en nuestro país hayamos luchado tanto por salvar la vida de los 33 mineros y tengamos, simultáneamente, a 34 comuneros mapuches que atentan contra sus propias vidas”.

Que los pirquineros puedan salir con vida del refugio depende de la voluntad y esfuerzo político que le pongan las autoridades y de los recursos que el Gobierno esté dispuesto a destinar. ¿Por qué no se observa la misma voluntad en el caso mapuche? Porque estos últimos sellaron su propia suerte, dirán algunos. De eso no cabe duda. Pero frente a hechos consumados, lo que le corresponde al Gobierno es sincerar su posición frente al tema y decir hasta dónde está dispuesto a actuar para ponerle término a la crisis. Nada peor que irse con medias tintas.

Columna escrita para diario Publimetro

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s