Ley pareja ¿no es dura?

No es tan distinto a lo de Magallanes y ocurrió hace unas pocas semanas. El Presidente de Bolivia sinceró el precio de los combustibles y la población se levantó en protestas que le paralizaron el país. Finalmente tuvo que echar pie atrás. Su error, dicho por los expertos internacionales, fue no haber sabido comunicar anticipadamente la medida, no haberlo hecho de manera gradual y no evitar que los sectores más necesitados quedaran a la deriva y desprotegidos.

Sobre lo que está ocurriendo en Punta Arenas sobran opiniones pero falta información. Los puntos de vista se radicalizaron a niveles preocupantes y han derivado en violentas manifestaciones y destempladas defensas extremas. Es necesario poner paños fríos para proyectar un tema tan clave que incluso tiene a los países vecinos mirando con preocupación.

¿Qué nos pasó con Magallanes? El Gobierno anunció hace 10 días el término de un subsidio existente desde 1975 que les permitía a sus habitantes pagar considerablemente menos por un recurso muy necesario para ellos: con el gas calefaccionan sus hogares en una zona con temperaturas permanentemente bajo cero y, además, alimentan su transporte público.

El beneficio fue implementado porque, en un intento por fomentar el desarrollo de zonas extremas, se pretendía ayudar a un lugar aislado geográficamente y al que, para llegar vía terrestre, se debe pasar necesariamente por la Patagonia Argentina.

Discutir las razones del porqué del término del subsidio en su forma actual sería no entender principios básicos de la economía. Este tratamiento no era administrado mediante políticas públicas sino que otorgado directamente por Enap, una empresa del estado. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo.

Si hacemos cuentas simples, significaba que por décadas se estuvo subsidiando por igual a ricos y pobres sin un criterio fijado a través de órganos institucionales. Esa no es la única razón, claro está, pero sí una de las que provocó que Enap sufriera un daño patrimonial importante, haciéndola atravesar por una seria crisis financiera. Agreguemos que sus pérdidas se deben también a que compensó sucesivos aumentos del precio del petróleo, es decir, un subsidio para todo Chile.

Pero terminar de golpe una política compensatoria mediante Enap no debía por qué ser equivalente a finalizar una ayuda innegablemente necesaria para quienes pagan, en promedio, seis veces más por casi cualquier otro producto que se consume en nuestro país. Además  ellos producen su propio gas.

Si hay algo que tenemos que asumir de una buena vez es que el Gobierno, cualquiera sea el color político que tenga, debe implementar políticas de apoyo económico a las zonas que lo requieren, especialmente si sirve también para asegurar soberanía. Es la única manera en la que se logra la consolidación de la población.

Un subsidio indiscriminado hace poco competitivo el uso de cualquier otra fuente de energía. Por lo mismo, hay que saber a quién ayudar. Pero no sólo eso. El Estado debe resolver otras cosas: por qué razones hacerlo; de qué forma, y por cuánto. Las respuestas a cada una de esas preguntas aún están ausentes.

Todos sabemos que hace algunos años en Argentina se tomó el camino contrario. Bajaron tarifas del gas y se traspasó el costo a los productores. Esto derivó en un aumento inesperado del consumo, provocando que se frenara la oferta y el gas se agotara. Chile bien lo sabe: le cerraron la llave de paso porque no había más para vendernos.

No se puede ni debe estar a uno u otro lado. Incorrecto políticamente hablando, Chile ha destacado en el mundo porque no es ni Bolivia ni Argentina. Los países más desarrollados y con geografía tan diversa como la nuestra contemplan regímenes especiales respecto de sus zonas extremas y contemplan subsidios específicos.

Circunstancias especiales requieren de medidas particulares. Así como tenemos zonas francas y asignaciones para militares y funcionarios públicos que se van a vivir a los extremos, tenemos que implementar fórmulas que ayuden a compensar el aislamiento para la población general. Además, seamos justos: con sus impuestos los magallánicos han subsidiado a los santiaguinos en cuestiones como el Transantiago.

Por falta de experiencia política, el Gobierno no supo o pudo anticipar conflictos como el de los indígenas o los pascuenses. Ahora se agrega un tercero. Magallanes tiene 150 mil habitantes, menos que la cantidad de mapuches y marginal a la cantidad de habitantes de Isla de Pascua. Aún así, el tema es conflicto nacional.

Coinciden los expertos en que la economía debe estar siempre al servicio de las personas y nunca al revés. Decir “se les acabó la fiesta”, como lo planteó el ministro de Energía al momento de anunciar el término del subsidio, es apagar el fuego con bencina y desconocer lo obvio: no podemos seguir viviendo a espaldas de las regiones. Se necesita ayuda y subsidio justo.

No más que eso, pero nunca menos.

Columna escrita para Publimetro.

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