Sin aceite no

La promesa aseguraba un sistema de transporte público rápido, no contaminante, cómodo y eficiente. Recorridos claros, tarifas bien reguladas, calles ordenadas, choferes más amables y menos delincuencia. Han pasado cuatro años y buena parte de esa promesa aún sigue sin cumplirse. El sistema de transporte público diseñado durante el Gobierno de Ricardo Lagos e implementado durante la administración de Michelle Bachelet llegó para reemplazar un régimen de movilización que había convertido nuestras calles en un caos sin control. Dejado a la mano del libre mercado, cualquiera que se comprara un bus podía, en la práctica, participar del sistema. Allí donde había una necesidad, pasaba una micro. Siempre y cuando, claro, le resultara rentable a su dueño. Por lo mismo sobraban micros amarillas peleándose los pasajeros en las principales avenidas y corriendo por ganarle el quien vive a la competencia y, en cambio, no circulaba ni un solo bus de madrugada porque el gasto en bencina era superior al número de pasajeros que lo utilizarían.

Ni hablar de lo difícil que resultaba para las autoridades poder negociar con ellos y ponerse de acuerdo en algún sistema de contratos o de regulación de tarifas. Como cada dueño de bus era en sí mismo un empresario y, en promedio, cada uno de ellos tenía una micro y media, ponerlos de acuerdo a todos era simplemente una odisea.

Había que terminar con la anarquía. Pero la solución se planificó mal y se implementó peor. Pasamos de un sistema que reflejaba las clásicas posiciones político-económicas de corte liberal a uno de política pública planificada que más parece haberse discutido entre cuatro paredes que bosquejado según las necesidades del usuario en sus propias comunas.

Corregir un sistema “mal parido” ha sido una tortura. En parte, la culpa está en que el Transantiago se entregó en concesión porque el Gobierno quería sacarse de encima el “cacho” de administrarlo y tampoco quería tener la carga de la inversión. Tremendo error. Hoy ha gastado lo que nunca imaginó que tendría que desembolsar para evitar que el sistema sucumba. Ayudó mucho al fracaso del proyecto el que una sola empresa tuviera el monopolio del transporte en un determinado sector, porque no generó competencia y, en la práctica, no hubo cómo exigirle mayor eficiencia.

El poncho le ha quedado grande a todos los actores. A los dos gobiernos que lo diseñaron e implementaron, a los empresarios que han participado en su desarrollo y a la actual administración que no ha podido hasta ahora corregir sus falencias. El Presidente Sebastián Piñera, quien dijo en campaña que el Transantiago era un claro ejemplo de cómo no hacer las cosas, comprobó otra vez que “otra cosa es con guitarra”.

Entre los graves problemas del sistema destacan la alta evasión, que en 2010 alcanzó un promedio de 18%, y la falta de infraestructura. Es cierto que ha tenido mejoras, pero aún están pendientes también optimizar los tiempos de traslado y de espera, y sacar de circulación los más de mil buses enchulados que siguen en funcionamiento.

El plan no consigue financiarse. Tiene un déficit de 3.600 millones de pesos diarios que genera la evasión del pasaje y por cada ingreso que entra hay dos pesos que se gastan.  El Estado se hace cargo del 40% de los costos de su funcionamiento y el Congreso aprobó dos proyectos de ley que le inyectaron recursos hasta el 2014. Pero sigue haciendo agua. Peor todavía, varias empresas de buses están con graves problemas económicos.

La evasión del pago del pasaje subió en lugar de bajar. Está en un 18%. Ni las amenazadas de multas de hasta 56 mil pesos asustan a los miles de capitalinos que usan el servicio sin pagar. Eso obliga al resto de los usuarios a subsidiar al ladrón. En las próximas semanas se concretará la séptima alza de tarifas en menos de un año y subirá unos $20, dejando el valor del pasaje en $540.

El pasajero sigue disconforme. El Administrador Financiero del Transantiago aún no pone en marcha la operación de las cámaras de seguridad, el botón de pánico y el contador de pasajeros. El famoso software de clase mundial para la gestión de flota de los buses que se había prometido y que fue adjudicado a una empresa alemana hace un año, todavía no se implementa. ¿Por qué? Nadie sabe, pero todos se culpan.

Los operadores se quejan porque les han hecho 18 cambios de contrato. Pero ellos tampoco le ponen empeño en cumplirlos. Los buses, que debían ser ejemplo de limpieza y mantención, están lejos de eso. Tampoco existen los terminales prometidos.

Es verdad que bajó la contaminación, la congestión, los robos en las micros y los accidentes. Un balance que no es suficiente considerando la tremenda inversión hecha hasta ahora.

El Gobierno ha trabajado en un completo rediseño de todo el Transantiago. Dice que lo está aceitando y que por fin las cosas podrían cambiar. La nueva promesa es que esos cambios estarían operando en 2012. Veremos si se cumple, porque por ahora sólo se vislumbra como una nueva y dura amenaza política para La Moneda.

Columna escrita para Publimetro.

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