Quien hace la ley, hace la trampa

Hace 91 años, en 1920, un abogado agnóstico, liberal avanzado y declarado enemigo de la oligarquía, Arturo Alessandri Palma, llegaba al poder en Chile, cautivando con su oratoria a las clases sociales a las que prometía cambiar nuestro país.

En una época en la que la clase media recién comenzaba a consolidarse, este hombre incorporó a su gabinete a un obrero y a un profesor para demostrar que no sólo los con fortuna llegaban al poder. Sin embargo, Alessandri comenzó a perder popularidad. La caída en las ventas del salitre agudizó la pobreza y las enormes aspiraciones de las clases populares no pudieron ser cumplidas.

Esos cambios sociales prometidos se empantanaron y adivinen dónde: en el Parlamento. Allí Alessandri no tenía mayoría porque como gobernaba con la clase media, los acaudalados legisladores lo miraban en menos. Fue entonces cuando el presidente prometió “purificar los asientos parlamentarios, para que ellos representen la voluntad nacional y no sólo sus intereses privados. Se acabó la bacanal parlamentaria”, dijo entonces. Claro que no le resultó fácil. La gente no entendía que sus promesas no se cumplieran no porque no quisiera sino porque el Parlamento no lo ayudaba en nada.

Propuso establecer un sueldo para los senadores y diputados. Se quería evitar que sólo los ricos se dedicaran a la política. Es decir, se buscó profesionalizar la actividad legislativa. La idea era que los que hicieran las leyes no las redactaran a su medida y que, además, fueran al Congreso a cumplir con una obligación que desde ese momento era remunerada. En el fondo, trabajar responsablemente a cambio de un sueldo como cualquier otro chileno.

Ha pasado menos de un siglo desde ese trascendental momento que cambió la historia política de Chile y, mala cosa, los representantes de la política “profesional” se empeñan en sacarle ese adjetivo calificativo.

Ejemplos sobran. El más reciente es la decisión de abandonar la acusación constitucional contra la intendenta Jacqueline Van Rysselberghe. Como renunció, no tiene sentido seguir adelante. Pero ¿y si es cierto que cometió faltas, no correspondería una indagación legislativa? Si se hubiesen comprobado eventualmente las denuncias que tanta publicidad recibieron de parte de la oposición en su momento, el castigo político que habría correspondido era inhabilitarla para ocupar cargos públicos por los próximos cinco años. O, visto al revés, la misión del Congreso era despejar las dudas que se sembraron en torno a su accionar. Si es inocente, no lo sabremos porque se decidió no seguir adelante. Es decir, no se hizo la pega.

Cuando se debe designar al reemplazante de un parlamentario -en el actual período dos senadores dejaron sus cargos para asumir como ministros-, el poder legislativo tampoco hace la pega. No quiere modificar el sistema y acepta, sin complejos, que el partido al que pertenecía el legislador nombre a dedo al nuevo congresista. Cero respeto por el elector.

Dos ejemplos de una lista bien larga de poca responsabilidad legislativa que en el último tiempo se complementa con vergonzosos intercambios de epítetos que han incluido conceptos tan curiosos y anacrónicos como “juventud hitleriana”, “chupafusil”, “lamebotas”, “terrorista” y “cola”.

Además de proponer entre gallos y medianoche leyes para aumentarse a sí mismos las asignaciones y de aceptar viajes de empresas reguladas por el Estado, nuestro Congreso nos ha regalado otras escenas de poca dignidad. Desde el diputado Maximiano Errázuriz haciendo pasar el despacho de un amigo como una oficina por la que recibía medio millón mensual hasta Guido Girardi enviando por correo propaganda electoral con cargo al Congreso. La lista es tan larga como conocida que mejor no gastemos líneas en este punto.

En cambio, sí vale la pena recordar cuáles son los costos de la democracia.

Diputados y senadores reciben el mismo sueldo que un ministro, lo que equivale a una dieta bruta de 6 millones 94 mil pesos, que se reajusta por IPC en enero de cada año. Descontados impuestos y cotizaciones previsionales, alcanza a los 4 millones 450 mil pesos. Sumando asignaciones, los senadores reciben 9 millones 380 mil pesos y los diputados 5 millones 760 mil pesos.

Es harta plata. El argumento para pagarla es, en teoría al menos, bien convincente: se dice que buenos ingresos, asignaciones y equipamiento son necesarios para un eficiente ­desempeño en el servicio público y, de paso, para competir de igual a igual con el sector privado teniendo a los mejores profesionales.

Si para ser legislador hay que tener vocación de servicio público -una vocación muy bien pagada, por cierto- sería bueno agregarle también un mínimo grado de responsabilidad cuando de asistencias a la hora de votar o del uso de los recursos públicos se trate. De lo contrario, muchos se quedan con esta imagen: el que está haciendo trampa es el mismo que hace la ley.

Columna escrita para Publimetro

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