La muerte de Manuel Gutiérrez, el joven de 16 que recibió una bala en el tórax la noche del jueves 25 de agosto en Macul, fue tan dolorosa como difícil de entender. Era el segundo día de movilizaciones convocadas por la Central Unitaria de Trabajadores, CUT. Pero Manuel no participaba de las protestas. De hecho, él, su hermano y un amigo no se encontraban siquiera cerca del lugar de los desórdenes. ¿Fue una bala perdida disparada por algún manifestante? Esa fue la única teoría puesta sobre la mesa al día siguiente por Carabineros. Rechazaban investigar el hecho porque les parecía “obvio” que el balazo provino de entre los disturbios. Cuatro días más tarde, la verdad decía otra cosa. Carabineros tuvo que dar de baja y poner a disposición de la justicia al sargento segundo Miguel Millacura, autor del disparo fatal. El uniformado hizo todo lo posible por ocultar el crimen.
Puso balas propias para reemplazar las disparadas, limpió minuciosamente la subametralladora UZI para no dejar rastros y fue encubierto por otros funcionarios que aparentemente conocían del hecho. Al cabo de una semana y ante un hecho que se hacía imposible de ocultar, terminaron por salir de su cargo un general, un coronel, un mayor, una capitana, una subteniente y a otros tres uniformados de menor rango.
Si el criminal episodio derivó en la destitución de los uniformados, no fue precisamente por un diligente accionar de la autoridad, sino por la presión social que exigió un inmediato esclarecimiento de los hechos. Hubo desidia, si es que no negligencia, en la forma en que la policía abordó inicialmente el caso. El general Sergio Gajardo, segundo jefe de la Zona Metropolitana, desechó al día siguiente del crimen que un uniformado estuviese involucrado y que, por lo mismo, no era necesario realizar ninguna investigación interna. En lugar de pedirle que se desdijera y que iniciara una indagación, el general director de Carabineros, Eduardo Gordon, guardó público silencio porque en esos días estaba “con licencia médica”. La autoridad política de la que depende Gordon, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, salió raudo a respaldar a la institución porque ha sido violentamente agredida durante las protestas. Peras con manzanas. A estas alturas nadie con criterio formado podría relativizar las agresiones contra la policía. En cada protesta el balance muestra con evidencia empírica que son más los carabineros que los civiles heridos. Pero un hecho no minimiza el otro. Si alguien muere de un tiro en la calle y las denuncias recaen sobre la policía, desechar con premura una investigación y brindar un apoyo cerrado no sólo es torpe y amateur, sino que una irresponsabilidad de proporciones.
Días antes del crimen, Hinzpeter se refirió a un ataque contra la policía en la población La Pincoya diciendo que “la intención de quienes dispararon era quitarles la vida, porque cuando uno dispara proyectiles 9 milímetros o equivalentes, lo que busca es quitarle la vida a un chileno, a un carabinero de Chile”. La paradoja es que el único muerto hoy es un civil y, precisamente, con una bala 9 milímetros disparada por un carabinero.
El suceso, aunque aislado, ensucia la reputación de un organismo que ya se ha visto envuelto en otros lances que han puesto en entredicho su imagen. Los policías, esos mismos que venían mostrando una alta valoración ciudadana en las encuestas, sienten que les están perdiendo el respeto. No sólo en las calles, sino que incluso en sus cuarteles. Carabineros caminando por la vía pública desnudos o con máscaras de hombre araña luego de salir de sus comisarías acusando humillaciones y ultrajes, son imágenes que nunca habíamos visto. Dicen estar cansados después de tres meses de movilizaciones. Los anuncios de “mano dura” de Hinzpeter los han sometido a una presión brutal en que, cuando se pierde el control, un inocente termina baleado.
Es el ministro del Interior el responsable final del actuar de las fuerzas policiales en el resguardo del orden público. Es, por lo mismo, a quien le cabe la obligación de ordenar tras de sí a una institución puesta hoy en tela de juicio. Esos cuestionamientos alcanzan al propio general director, a quien se le está acusando ahora de haber ocultado información haciendo modificar supuestamente un parte policial que daba cuenta que su hijo chocó con su camioneta a una joven en Providencia, dándose a la fuga. Un hecho de gravedad suprema si se considera, además, que el mismo Gordon había llamado a retiro hace poco al prefecto de Cautín, por intervenir en un procedimiento policial para proteger a su hijo.
¿Cómo pedirle a un subteniente que diga la verdad si su general director podría eventualmente ser un encubridor? Una pregunta válida considerando el momento por el que atraviesa la policía. Consultado sobre el tema, el ministro Hinzpeter contestó “llamen a Carabineros”. Es cierto que luego ordenó aclarar la denuncia, pero una respuesta como esa no es propia del jefe político de la institución.
La UDI ha responsabilizado permanentemente a Hinzpeter por no ejercer su rol como jefe de gabinete. La Concertación lo cuestiona por su accionar policial en las calles. El mismo Presidente Piñera lo ignora al no informarle que convocaría a los estudiantes a La Moneda. Ahora, para colmo, Carabineros ha quedado cubierto con un manto de denuncias, sospechas y desórdenes que tienen a la institución contra las cuerdas. ¿De quién es la culpa?
Columna escrita para Publimetro
Juan Manuel Astorga 